En un país en el que se produjo un genocidio hace cuatro décadas, se agregó una Guerra de Malvinas que vino a proyectar en el tiempo la liquidación de nuevas generaciones, se le sumo un proceso de destrucción productiva y desempleo que derivó en la ruptura de los lazos sociales y familiares más básicos, el Director Nacional de Salud Mental considera que contar con 600 profesionales en su repartición es "un exceso de personal".
Esto implica al menos tres cuestiones:
- El funcionario cree que su Dirección no tiene que hacer nada respecto a estas referencias históricas, sociales y de deterioro de la salud mental colectiva e iindividual que motivaron la ampliación de la planta de esa dirección.
- Considera que su dirección tiene que dedicarse a tareas "superestructurales" y no a tareas "de infraestructura" como las de ir a barrios y provincias más afectadas por el Terrorismo de Estado y el desguace neoliberal.
- Es y se muestra tan bruto como para reconocer de modo explícito que quiere de este modo convertir a su oficina en "superestructura", es decir un espacio burocrático sin más incidencia santaria que la de emitir informes, memorandums mientras sigue rastreando personal a echar y toma algunos borócratas propios para relleno. La contracara de esa poca profesionalidad es llamar "infraestructura" al trabajo en espacios sociales marginados. Por supuesto, decir las cosas claramente: "desguace" de la Dirección de Salud Mental, resonaría con el eco de otros desguaces y desgracias colectivas cuyos efectos aún estamos tratando de restañar.
- Comunica a los compañeros echados que inicialmente tenía otra perspectiva: trasladar a provincias y gobiernos locales las funciones que el personal realizaba, ¿cuando provincias y municipios están siendo ahogados por el gobinerno nacional? Con la misma bohonomía les dice que como eso no funcionó los rajan sin haber revisado sus expedientes ni controlado la actividad de cada uno.
- Por si faltaba algo que agrave lo que sucede, esta discusión se produce a seis años de vigencia de la Ley nacional de salud mental n° 26.657, instrumento por el cual un estado presente comenzaba a hacerse cargo de desmantelar el aparato manicomial y a responsabilizarse de los males que habían producido décadas de gestiones anteriores. Como otros funcionarios, Blake viene a destruir el marco legal del espacio institucional que toma a su cargo.
En estos tiempos de retorno del relativismo neoliberal, alguien podría decir que es lo esperable de un funcionario del PRO y que no hay por qué sorprenderse ni se comprendería por qué, los compañeros se resienten y mortifican por el trato que reciben, las actividades que se eliminan, las personas que dejan de recibir atención.
No es mi caso.
Hay algo que diferencia a los trabajadores que discuten y el funcionario y su asistente.
Los compañeros saben que sus argumentos deben estar del lado de la salud mental, es decir, conformes a criterios de verdad, de responsabilidad social, de ejercicio profesional y por lo tanto no pueden ponerse del lado del cinismo.
Al contrario, buscan argumentos, se amocionan, hasta las lágrimas alguno. En cambio Blake, un profesional de salud mental que hace de esto un trámite cuando su mayor o menor formación profesional debería indicarle que que está atentando contra la salud mental de quienes dialogan con él, contra la salud mental de quienes dejan de recibir la atención de estos profesionales, quien en ejercicio de esa Dirección hace esto es simplemente un perverso y no hay nada que lo excuse.
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