NUESTRO GOBIERNO, LOS PRECIOS, EL ALZAMIENTO POLICIAL Y EL BOICOT ENERGÉTICO

Me sale siempre del mismo modo. Cada vez que hablo de nuestro gobierno digo NUESTRO. Más bien que yo no tomo decisiones de gobierno,  tampoco hay motivo para que se me consulte ni he solicitado nunca la atención de un funcionario a una opinión mía.

No lo necesito. Desde 2003 se viene haciendo mucho de lo que soñé toda mi vida y no tengo que decir que en muchos aspectos se fue aún más allá de lo que realmente creí que se pudiera, hacer. Basta con pensar en los 600 genocidas condenados, las puertas de la Rosada abiertas a Madres, Abuelas e HIJOS,  la derrota del ALCA, la AUH, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. Cualquiera de estas conquistas las pensábamos en los ´70 como consecuencia de una revolución triunfante antes que de un gobierno que llegó al poder con el 22% de los votos. Pero este, nuestro gobierno, tuvo la virtud de saber que sus decisiones si bien no siempre convocaban multitudes en su reclamo y apoyo se apoyaban en décadas de historia de lucha, con picos en el ´45/55 y el ´73.

No soy un peronista de toda la vida, pero si hay algo que confirmó mi decisión de identidad política fue este rescate de su vocación transformadora, de inclusión, democrática y de reparación popular que el kirchnerismo supo concretar en políticas de gobierno.

Así que cada vez que hablo de este gobierno digo nuestro. Es más, no digo que “gobierna”,  “nosotros gobernamos”, porque las decisiones que se fueron tomando en esta década fueron despejando cualquier duda a propósito del camino elegido: si algo no resultó no fue por complicidad  con el poder corporativo y oligárquico. Pudo haber errores de momento, expectativas de acompañamiento social no siempre logradas. Pero porque los errores no nacieron de traiciones sino de nuestra vocación transformadora, hasta derrotas temporarias como la de la 125, terminaron en mayor convocatoria popular como en el Bicentenario  y en la explosión militante, sobre todo entre jóvenes, que se produjera en la misma época.

Claro que no todos quienes aceptan nuestro gobierno tienen las mismas ideas, ni es lógico que esto pase. Así como algunos coincidimos en casi todo, no esperamos grandes beneficios en lo inmediato y apostamos a futuro, hay quien acompaña sin analizarlo mucho, quien nos acepta por costumbre o porque ve que hay capacidad y decisión para gobernar.  Y estos últimos no son los menos pero sí quienes más van a exigirnos.  sea porque viven en condiciones muy precarias y sólo nuestra gestión les permite sobrevivir, sea porque pertenecen a algunos de los sectores que más se ha beneficiado de nuestro gobierno y temen perderlo todo si nos sucediera alguien de signo contrario, sea porque están entre los grandes beneficiarios, pero aún no se han consolidado en la disputa empresarial, el caso es que su adhesión estará ligada a la eficacia de nuestra gestión, a los beneficios que ella les acarree y –cuando el beneficio pueda mermar- a nuestra capacidad para mostrar lo inevitable de las decisiones y el beneficio posterior que acarrearán. No todos quienes no rechazaron la nacionalización de YPF, la estatización de las AFJP, la ley de medios audiovisuales,  o la liquidación del ALCA, eran kirchneristas convencidos, mucho menos militantes. Las decisiones que se tomaron, la preparación de las mismas, la argumentación, la adhesión de personalidades vinieron a sumarse a valores acumulados por generaciones para que estas medidas cuenten con apoyo no kirchnerista. Esto es, en términos muy prácticos, lo que hace posible el frente nacional,  la gobernabilidad, la profundización el modelo. Allí  se asientan el consenso cotidiano y la reedición de triunfos electorales.

Ahora bien, tres conflictos indican, mucho más que las últimas elecciones,  que nuestro gobierno y con él todo nuestro pueblo están frente a una nueva coyuntura: el alzamiento policial, el aumento constante de precios impulsado por las empresas formadoras y la oligarquía a fin de contrarrestar la redistribución de ingresos y el boicot que llevan a cabo las empresas transportadoras de energía. Con cada uno, para seguir adelante, es necesario hacer lo que se hizo durante estos diez años: tomar decisiones de fondo hacia más soberanía, inclusión, desarrollo y distribución.

Si sostenemos el proyecto de inclusión,  de redistribución de la riqueza, de recuperación de solidaridad social, de redefinición de las prioridades de desarrollo en función de consolidar la producción nacional,  de ir por el pleno empleo en blanco, asociados de diversa forma con los países de América Latina,  en la medida que avancemos por ello vamos a  enfrentar acciones cada vez más violentas y desestabilizadoras de parte de quienes e beneficiaron del país de la exclusión, de la especulación, el endeudamiento, la expulsión laboral y social. Los procesos de Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia son la confirmación de  esa tendencia que desde 2008 aumenta su virulencia en nuestro país.

Por otra parte, no podemos esperar que nuestro pueblo no aspire a una estabilidad y previsibilidad relativas tras soportar los años de genocidio y la sucesión neoliberal.  Fueron décadas dedicadas de destruir toda la cultura de soberanía, rebeldía y solidaridad que fuimos gestando desde nuestras luchas por la independencia. Llevamos sólo una de revertir aquello. Pero la estabilidad, como bien sabemos, no nace principalmente de las buenas intenciones ni del marketing, sino de seguir adelante con el proceso de transformación que haga cada vez más fuerte y unido  a nuestro pueblo y debilite cada vez más a quienes medran en la división del pueblo, en la violencia y el autoritarismo.

Los monopolios de la producción y el comercio y agroexportadores arrecian con su política histórica: generan ganancias y redistribuyen a su favor a través del aumento de precios antes que el de la producción. No invierten porque no les interesa el desarrollo nacional sino la ganancia inmediata y la exportación de divisas adonde estén a salvo de políticas distributivas. Los acuerdos de precios parecen una parte sustancial para neutralizar sus efectos distributivos y políticos (que se hable de inflación en lugar de presión distributiva ya es una derrota parcial). También las acciones militantes de control en la comercialización, pero sin formas de producción, distribución y comercialización en manos del Estado parece casi imposible ir a fondo con el problema. Por el contrario, la experiencia indica que cada nueva medida nuestra termina en mayores precios y a la vez más apropiación de fondos del Estado por parte de estas empresas.

Con la sedición de las policías provinciales y el boicot de EDESUR Y EDENOR,  conspiran contra la unidad de nuestro pueblo, contra la unidad entre nuestro pueblo y nuestro gobierno y tienden a debilitar  a la democracia y sus instituciones.

En el caso policial es de celebrar que casi no quede en el gobierno que se refiera al “reclamo salarial”: liberar zonas, movilizarse con uniforme y armas contra los gobiernos constitucionales, defender por estos medios las cajas de la trata, el narcotráfico y la piratería es exclusivamente sedición. Sin embargo esto es sólo una parte del problema: coexisten en nuestro pueblo dos sensaciones igual de ciertas: sentirse rehenes de estas policías cuasi mafiosas y sentir que su seguridad, con estas policías, está librada poco menos que al azar.

Es algo diferente a la ya conocida acción de las fuerzas represivas contra el pueblo y el aprovechamiento del control de delito para manejarlo desde la institución. Se trata de una nueva estrategia del imperialismo y grupos locales a partir del balance de las dictaduras de los 70/80. La utilización de las FFAA contra procesos populares deviene en dictaduras y en la negociación obligada entre el gran capital y los militares. La fragilidad de las democracias post dictatoriales hizo innecesario y peligroso el acceso de las FFAA al poder. Basta con pensar en Malvinas,  o las dificultades que el proceso o Pinochet le crearon a algunos intentos privatistas. En la primera década del siglo XXI, el uso de las policía para desestabilizar gobiernos cobró un sentido estratégico, cumple con el debilitamiento del gobierno popular sin que las policías puedan ilusionarse con acceder al poder. Algunos partidos, reciclados o vaciados de sus objetivos históricos, se irían fortaleciendo como alternativa para que le Gran Capital recupere el control institucional perdido.

La denuncia y la crítica desde el Estado no alcanzan para resolver esta realidad latinoamericana de policías comenzando a tomar el papel de las FFAA en lo que hace a imponer políticas a los poderes constitucionales. Menos cuando se fueron a sus casas con aumentos obscenos para trabajadores de la salud, la educación  u otros sectores públicos.

Es necesario por un lado redefinir el rol de las policías  retomando la doctrina que alumbrara en 1973: policías sometidas a la ley y los poderes constitucionales  para resguardar al pueblo en ejercicio de sus derechos soberanos.  Y sancionar hasta donde sea necesario a los responsables y ejecutores de las acciones sediciosas que no casualmente confluyeron hacia el 19 se diciembre en casi todo el país. Uno y otro camino resultan necesarios, tanto  para evitar una repetición ampliada como para reestablecer aquello que se inició con la bajada de los cuadros: la autoridad del poder político como garante de democracia y convivencia.

En cuanto al boicot de las transportadoras de energía, el primer punto es establecer que no se trata de impericia, desidia o falta de previsión: se trata de un boicot a un modelo que las debilita como la fijadoras de políticas públicas, especuladoras financieras y exportadoras de divisas. La inversión de las empresas mal llamadas energéticas no está ni estuvo orientada a optimizar la capacidad de transportar y distribuir energía sino al manejo de dinero, el condicionamiento de desarrollos productivos y la realización de sus ganancias donde les resulte más conveniente. Si se quedaron -o en algún caso cambiaron de mano-cuando el gobierno demostró que haría lo que prometió fue por los subsidios y el limitado control a su acción e inversión por parte del Estado.

De todos modos, aunque son inmensos los daños económicos que causa el cuello de botella energético, el costo mayor es social y político.

En medio de las fiestas, hemos visto multiplicarse por cientos los cortes y fogatas con que diferentes barrios protestan contra la falta de energía eléctrica. Cada hora que pasa sin energía en las casa mientras el clima ofrece temperaturas superiores a los 30 grados es sufrimiento para los más pobres, pérdidas económicas que se podrán compensar, pero sobre todo pérdidas en lo afectivo, en la autovaloración de cada uno y de cada comunidad que no se pueden reparar ni con explicaciones ni con resarcimientos futuros. No hay solución intermedia: o se recuperan las empresas por parte del Estado, se dice claramente al pueblo que esto es indispensable para vivir con soberanía u bienestar, se fija un cronograma respecto a los problemas que se padecerán hasta que las obras necesarias terminen con la crisis o nos estaremos mostrando como impotentes frente al boicot empresario.

La mayor parte dela oposición nos ha demostrado, frente a cada uno de estos conflictos, que prefiere acompañar estas situaciones con el riesgo de acceder al 2015 con las manos atadas antes que unirse a nosotros para avanzar en soluciones de fondo. Pero esto no necesariamente será así si logramos debatir y concertar de cara al conjunto de la sociedad. La promoción de un paquete de leyes para cada uno permitirá volver al fijar la agenda política y potenciar acuerdos con sectores más comprometidos con la cuestión nacional y la institucionalidad.

Al cerrar el año con estas disyuntivas, hay quien cree que este ha sido un año de retrocesos. No es el caso, como cada año desde 2003, el posicionamiento del proceso popular depende de nuestras decisiones antes que de los obstáculos que nos pongan. Si podemos superarlos estaremos fortalecidos, porque habremos probado una vez más que la inclusión sólo puede avanzar con un gobierno que priorice el pueblo a las corporaciones. Si en esta superación fuimos capaces de convocar y movilizar estaremos consolidando la base social y la organización poular necesarias para seguir adelante.